Versión español 

NUEVA GENERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.

CLUNI No. NGDO3032715017 D.H.O.N.G S A6/12/02

R.F.C. NGDO30327318 PERMISO SRE 0934877

MEXICO

Ciudad de México, a 09 de Marzo de 2021

DN/04/21

C. LICENCIADO PABLO HÉCTOR GONZÁLEZ VILLALOBOS MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presente.

Me dirijo a Usted con el carácter que ostento, solicitando de la manera más atenta, se sirva rendir un informe, mediante el cual indique a ésta institución de Derechos Humanos, en relación al expediente número 648/18 del indice del Juzgado Familiar Tradicional del Distrito Bravos en Ciudad Juárez Chihuahua, respecto al Juicio de Controversias de Orden Familiar promovido por la señora CLAUDIA SUSANA MARTÍNEZ JARDON de nacionalidad mexicana, contra el señor GERD PFISTER de nacionalidad alemana, en el que le reclama la guarda y custodia definitiva, así como la pensión alimenticia de su menor hijo de nombre ALEXANDER EMANUEL PFISTER de nacionalidad mexicana, con base a los siguientes datos:

1. Que la demanda se presentó el día 03 de febrero del año 2015, quedando registrada bajo el expediente número 181/15, del indice del Juzgado Segundo de lo Familiar Tradicional, cambiando de juzgado al Tradicional Familiar con el número 648/18, en virtud de la entrada en vigor de los juicios orales.

2. Que durante el juicio, el demandado GERD PFISTER hasta la fecha ha incumplido con lo ordenado por las autoridades estatal y federal, a través de recursos ordinarios y extraordinarios que ha interpuesto, inclusive diversos juicios de amparo, en el que se declaró competente la autoridad mexicana.

3. Que el señor GERD PFISTER se jacta de su posición de la empresa donde presta sus servicios como alto ejecutivo en la denominada ROBERT BOSCH SISTEMAS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V., ubicada en Ciudad Juárez Chihuahua, manifestando que no puede descontar el 35% ordenado por el Juez, ya que su salario lo obtiene del extranjero; no obstante que acude diariamente a laborar en dicha planta maquiladora, desde hace veinte años aproximadamente.

4. Tenemos conocimiento que el Juez que conoce del juicio Licenciado GUADALUPE MANUEL DE SANTIAGO AGUAYO, ha permitido todos los recursos y peticiones del demandado GERD PFISTER, sin imponer el interés superior del menor de iniciales A.E.P., toda vez que han transcurrido casi seis años, sin que haya dictado sentencia definitiva sobre la pensión alimenticia y la guarda y custodia definitiva.

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5. Por otra parte el demandado GERD PFISTER, durante el procedimiento de casi seis años, ha incumplido a lo ordenado por el juzgador, en cuanto a su obligación como deudor alimentista, a declarar a cuánto ascienden sus ingresos, así como a poner a disposición del menor hijo, el porcentaje ordenado en el juicio, depositando una cantidad muy inferior a la que percibe, desobedeciendo además a la autoridad, para que declare a cuánto ascienden sus ingresos así como el debido cumplimiento por ser de interés público y que en conjunto con la sentencia definitiva, ha sido omiso el juzgador en acatar lo ordenado por el Código de Procedimientos Civiles, así como los Tratados Internacionales.

6. Al permitir el Juez las diversas actuaciones del demandado GERD PFISTER, afectan el debido proceso que prevé el artículo 17 Constitucional, en cuanto a su segundo párrafo; que establece la obligación de administrar justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Pues según se aprecia, la intención del juzgador de seguir admitiendo peticiones del demandado, que no se relacionan con la controversia respecto a la guarda y custodia y la pensión alimenticia solicitadas, viola en perjuicio de la actora que representa al menor hijo de las partes, lo dispuesto por el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles aplicable, que determina: Los tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, demorar, omitir o negar la resolución de las cuestiones que legalmente hayan sido sometidas a su conocimiento.

7. Hasta donde tenemos conocimiento del juicio aludido, ya está concluido el término de pruebas y alegatos, por lo que el juez debe citar conforme a derecho y dictar la sentencia definitiva. El concepto interés superior del menor, debe definirse en el sentido amplio al caso concreto, pues el juzgador debe ser equilibrado y mesurado al momento de analizar la situación de un niño.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido Jurisprudencia respecto a los alimentos y la guarda y custodia del niño, por lo que es aplicable lo siguiente: "En primer lugar debe señalarse que constituye un deber del juzgador, el privilegiar el interés superior del niño en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los niños".

En efecto, dicho principio constituye el límite y punto de referencia último de la institución de los alimentos y la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y

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eficacia. Por lo que la resolución del presente asunto, debe tener como eje y propósito fundamental, el privilegiar el interés superior del niño E.A.P.

8. Cabe mencionar que el menor A.E.P. fue violentado y maltratado por su padre GERD PFITER, quien además lo incomunicó encerrándolo varias veces en un cuarto oscuro que causó daño emocional que continúa atendiéndose mediante tratamiento psicológico y psiquiátrico, pues obran en autos del juicio grabaciones de audio y video, en los que se pueden apreciar los gritos de dolor y desesperación del niño. Así como el sometimiento forzoso de su padre a base de regaños y amenazas de separarlo definitivamente de su madre, señora Claudia Susana Martínez Jardón. Dicha probanza se desahogó a través de la memoria extraible (USB) en color negro con número de identificación DT101 G2, que contiene las videograbaciones mencionadas.

9. Cabe mencionar que el niño A.E.P., se ha manifestado a favor de sus derechos fundamentales, al haber comparecido a la escucha en la Cámara de Gesell adscrita al Instituto de Psicologia y Estudios Socioeconómicos del Tribunal Superior de Justicia, así como sus valoraciones psicológicas emitidas por dicha institución y la Fiscalía General del estado de Chihuahua,

El niño A.E.P. es menor de edad, pero no es un incapaz, sino que simplemente tiene limitada su capacidad de obrar en la medida en que sus facultades intelectuales y emocionales están todavía en desarrollo y no han alcanzado su plenitud. Se vincula con la constitucionalización del derecho civil, en el que la protección de la persona se materializa a través del principio pro homine contenido en el artículo 1o, constitucional.

Por lo que se considera en definitiva, que los menores sí gozan de la titularidad de los derechos que les son reconocidos en el rango constitucional sin distinción alguna entre ellos y tienen dicha titularidad por su condición de seres humanos pese a su incapacidad jurídica temporal que se pondera.

Así, mientras la capacidad de goce es una manifestación y una consecuencia necesarias de la personalidad, la capacidad de ejercicio -si bien es parte de la existencia de la personalidad, se fundamenta en la capacidad natural o autogobierno, de tal manera que siempre que exista capacidad natural deberá reconocérsele al menor su capacidad de ejercicio

Para evaluar el interés superior del niño, es necesario analizar la escucha del mismo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que debe respetársele el derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional, conforme a

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su situación en lo particular, con personal capacitado y de conformidad con su minoría de edad, para apoyar su debido desarrollo.

Las diversas reformas que se han realizado en nuestra legislación en materia de Derechos Humanos han permitido redimensionar la postura legislativa en torno a los menores, estableciéndose el interés superior del menor como principio rector de cualquier decisión judicial o administrativa en la que se vean involucrados menores de edad,

Al ser omiso el Juez, en aplicar la normatividad, dentro de las garantías del debido proceso que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, así como las observaciones, recomendaciones y estudios efectuados a la actora CLAUDIA SUSANA MARTINEZ JARDON y al menor hijo A.E.P., derivadas del procedimiento, que acreditan que el padre (demandado GERD PFISTER) su presencia es más perjudicial que benéfica y es negativa para el desarrollo integral del menor, ya que es víctima de violencia psicoemocional, solicito su intervención y atención al Juez GUADALUPE MANUEL DE SANTIAGO AGUAYO, para que no dilate más el procedimiento.

Atentamente Dr. Salvador Sánchez R. MEXICO Delegado en México NGDH

C.p.p. Magistrado Licenciado Roberto Siqueiros Granados.- Consejero del consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Chihuahua

C.p.p. Licenciado Héctor Manuel Armendariz Loya.- Presidente Estatal de la CEDH

C.p.p. Licenciado Guadalupe Manuel de Santiago.- Juez Familiar del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos en Ciudad Juárez Chihuahua

C.p.p. Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra.- Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

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Versión inglés 

NUEVA GENERACIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.

(NEW GENERATION OF THE HUMAN RIGHTS)

Mexico City, March 09, 2021

DN/04/21

C. LIC. PABLO HÉCTOR GONZÁLEZ VILLALOBOS

MAGISTRATE PRESIDENT OF THE HIGH COURT OF JUSTICE AND

COUNCIL OF THE JUDICIARY OF THE STATE OF CHIHUAHUA

Present.-

I am addressing to you through my position, kindly requesting from you to submit a report by means of which you indicate to this Human Rights Institution, concerning file number 648/18 from the Index of the Traditional Family Court of the Bravos District in Ciudad Juárez, Chihuahua, concerning the Trial of Controversies of Family Order promoted by Mrs. CLAUDIA SUSANA MARTÍNEZ JARDON, of Mexican nationality, against Mr. GERD PFISTER, of German nationality, in which she claims the care and permanent custody, as well as alimony, of her infant son named ALEXANDER EMANUEL PFISTER of Mexican nationality, based on the following data:

1. That the complaint filed on February 3, 2015 recorded under file number 181/15, of the Index of the Second Traditional Family Court, that changed Court to the Traditional Family Court with number 648/18 due to the entry into force of oral trials.

2. That during the trial and up to date, the defendant GERD PFISTER has failed to comply with what was ordered by the state and federal authorities, through ordinary and extraordinary resources that he has filed, including various Habeas Corpus lawsuits in which the Mexican authority was declared competent.

3. That Mr. GERD PFISTER boasts of his position in the company where he works as a senior executive, named ROBERT BOSCH SISTEMAS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., in Ciudad Juárez, Chihuahua, and he states that he cannot deduct the 35% ordered by the judge, since his salary comes from abroad, even though he has been going daily to work in said maquiladora plant for approximately twenty years.

4. We are aware that the Judge in charge of the trial, Lawyer GUADALUPE MANUEL DE SANTIAGO AGUAYO, has allowed all the resources and requests of the defendant GERD PFISTER, without considering the best interests of the minor with initials A.E.P. since almost six years have elapsed without him having issued a final judgment on alimony and final care and custody. 

5. On the other hand, during the procedure of almost six years, the defendant GERD PFISTER, has failed to comply with what was ordered by the judge regarding his obligation as a maintenance debtor to declare how much his income amounts to, as well as to make available to the minor child the percentage ordered in the trial, because he has been depositing an amount much lower than what he receives, thus disobeying the authority to declare how much his income amounts to as well as to give due compliance as it is of public interest and that, together with the final judgment, the judge has failed to comply with what was ordered by the Code of Civil Procedures as well as by the International Treaties.

6. By allowing the judge the various actions of the defendant Gerd Pfister, the due process provided for in Article 17 of the Constitution in terms of its second paragraph has been affected. This establishes the obligation to administer justice by courts that will be expeditious to deliver it, within the terms and conditions established by the laws, issuing its resolutions promptly, completely and impartially.

As can be seen, the intention of the judge to continue admitting requests from the defendant, which are not related to the controversy regarding the care, permanent custody and maintenance requested, violates to the detriment of the plaintiff representing the minor child of the parties, the provision on article 98 of the applicable Civil Procedures Code, which determines that: The courts may not, under any pretext, postpone, delay, omit or deny the resolution of the issues that have been legally submitted to their knowledge.

7. As far as we are aware of the aforementioned trial, the term of evidence and allegations has already been concluded, so the judge must cite according to law and issue the final judgment. The concept best interests of the minor must be defined in the broad sense to the specific case, since the judge must be balanced and measured when analyzing the situation of a child.

The Supreme Court of Justice of the Nation has issued jurisprudence regarding food and the care and custody of the child, so the following is applicable: "It should be pointed out, In the first place, that it constitutes a duty of the judge to privilege the best interests of the child in any judicial dispute where the rights of children are involved".

In fact, said principle constitutes the limit and ultimate point of reference of the institution of maintenance, care and custody, as well as its own operation and effectiveness, so that the resolution of this matter must have as its main axis and purpose to grant a privilege to the best interests of the child E. A. P.

8. It is worth mentioning that the minor A.E.P. was violated and mistreated by his father GERD PFISTER, who also held him incommunicado by locking him up several times in a dark room that caused emotional damage that continues to be treated through psychological and psychiatric treatment, since audio and video recordings in which you can see the cries of pain and despair of the child are kept on the case file, as well as the forced submission of his father based on scolding and threats to permanently separate him from his mother, Mrs. Claudia Susana Martínez Jardón. This test was released through the removable memory (USB) in black with identification number DT101G2, which contains the aforementioned video recordings.

9. It is also worth mentioning that the child A.E.P. has spoken out in favor of his fundamental rights, having appeared to be heard in the Gesell Chamber attached to the Institute of Psychology and Socioeconomic Studies of the Superior Court of Justice, as well as for his psychological evaluations issued by said institution and the Prosecutor's Office of the State of Chihuahua.

The child A.E.P. is a capable minor, but his capacity to act is limited to the extent that his intellectual and emotional faculties are still developing and have not reached their fullness. It is linked to the constitutionalization of the civil law, in which the protection of the person is materialized through the pro homine principle contained in the first article of the Constitution.

It is for the above reason that it is ultimately considered that minors do enjoy the ownership of the rights that are recognized in the constitutional rank without any distinction between them, and they have said ownership due to their condition as human beings despite their temporary legal incapacity analyzed before.

Thus, while the capacity for enjoyment is a necessary manifestation and consequence of the personality, the capacity to exercise it - although it is part of the existence of the personality - is based on the natural capacity or self-government, in such a way that whenever the natural capacity exists, the capacity to exercise it must be recognized to the minor.

To evaluate the best interests of the child, it is necessary to analyze the child's listening, since the Supreme Court of Justice of the Nation has determined that the right to express his opinion in a jurisdictional process must be respected, according to his particular situation, with trained personnel and in accordance with his age, to support its proper development. 

The various reforms that have been carried out in our Human Rights legislation have made it possible to re-dimension the legislative position regarding minors, establishing the best interests of the minor as the guiding principle of any judicial or administrative decision in which minors are involved.

As the Judge failed to apply the regulations within the guarantees of the due process that must be inexcusably observed in all jurisdictional proceedings and that the Supreme Court of Justice of the Nation has identified as essential formalities of the procedure, as well as the observations, recommendations and studies carried out on the plaintiff CLAUDIA SUSANA MARTÍNEZ JARDÓN and her minor son A.E.P., derived from the procedure that prove that the presence of the father (defendant GERD PFISTER), is more harmful than beneficial and is negative for the integral development of the minor, since he is victim of psycho-emotional violence, I request your intervention and attention to Judge GUADALUPE MANUEL DE SANTIAGO AGUAYO, so that the procedure does not delay any more.

(Seal)

Respectfully yours,

(Illegible Signature)

Dr. Salvador Sánchez R.

Delegate in Mexico for NGDH

C.p.p. Magistrate Attorney at Law Roberto Siqueiros Granados. - Minister of the Judiciary Council of the Judicial Power of the State of Chihuahua

C.p.p. Attorney at Law Héctor Manuel Armendariz Loya, State President for CEDH

C.p.p. Attorney at Law Guadalupe Manuel de Santiago, Family Judge of the Traditional System of the Bravos Judicial District in Ciudad Juárez, Chihuahua.

C.p.p. Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra. - President of the National Human Rights Commission

( IMPORTANT NOTES ) ;

THIS DOCUMENT HAS ALREADY BEEN RECEIVED BY THE JUDICIARY COUNCIL OF THE JUDICIALPOWER OF THE STATE OF CHIHUAHUA, ON MARCH 22, 2021 AT 14:04 HRS. ACCORDING TO THE SEAL, AND BY THE FAMILY COURT OF THE SUPERIOR COURT OF JUSTICE, BRAVOS JUDICIAL DISTRICT IN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, ON THE SAME DATE.

This document was translated from its original version in Spanish, on March 24, 2021.